La defensa propia se refiere al derecho de una persona a utilizar la fuerza para protegerse a sí misma o a otros de un ataque inminente. Este principio es reconocido en la mayoría de las legislaciones como un derecho legítimo, siempre y cuando la fuerza utilizada sea proporcional al peligro enfrentado.
En general, la defensa propia se considera justificada cuando se cumplen ciertos criterios, como la existencia de una amenaza inminente, la proporcionalidad de la fuerza utilizada y la ausencia de otras opciones razonables para evitar el peligro.
Es importante tener en cuenta que la defensa propia no justifica el uso de una fuerza excesiva o desproporcionada, ni justifica la venganza o la violencia innecesaria. Además, la defensa propia suele ser un concepto que se aplica en situaciones de emergencia y peligro inminente, y no en escenarios donde se podría recurrir a otras alternativas para resolver el conflicto de manera pacífica.
En resumen, la defensa propia es un derecho reconocido en muchas legislaciones como una forma legítima de protegerse a sí mismo o a otros en situaciones de peligro inminente, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios de proporcionalidad y necesidad.
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